domingo, 27 de noviembre de 2016

El ejercito si asesino a los 43 de Ayotzinapa - (Investigación de Aristeguí)

Foto: Aristegui - Noticias redacción.

"La Visitaduría General de la PGR instruyó investigar al 27 Batallón de Infantería, lo cual fue frenado por órdenes presidenciales. Aquí, un adelanto de esta investigación especial de Anabel Hernández. -                                                                                  Ningún país puede seguir adelante sin conocer la verdad a la que tienen derecho las víctimas y la sociedad. Los hechos de Iguala nos obligan a reflexionar sobre el momento que vive México: retratan con crudeza la degradación de las instituciones…”, sentencia el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández."


Ciudad de México: Se instruye al Titular de la Oficina de Investigación a girar ins trucciones a quien corresponda para que se amplíe la investigación respecto al Capitán José Martínez Crespo con la finalidad de que se averigüe sobre las imputaciones que se le han hecho en relación a sus posibles vínculos con la delincuencia organizada y cuyo resultado sea remitido a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Se instruye al Titular de la Oficina de Investigación a girar instrucciones a quien corresponda para que de conformidad con los artículos 13 último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1); 2, 3, 16, 134, 168 y 180,(2) se valore las conductas omisas en que pudo haber incurrido personal de Sedena del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en donde fueron atacados estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y demás personas civiles, para que de contar con datos y elementos de prueba suficientes se amplíe la investigación respecto de posibles ilícitos que se les pudiesen atribuir, como podría ser Encubrimiento, o del Abuso de Autoridad o de cualquier otra circunstancia indebida en el ejercicio de sus funciones.(3)

Así se afirma en las “recomendaciones generales” del borrador de la “Evaluación Técnico Jurídica” practicada por la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, encabezada por César Alejandro Chávez Flores, a toda la averiguación previa AP/ PGR/SDPDS/01/001/2015 abierta en el tiempo del procurador Jesús Murillo Karam, y que acumula todas las indagatorias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas.

Estas conclusiones preliminares de la auditoría legal realizada a las actuaciones de la PGR y los resultados del expediente de investigación DGAI/510/CDMX/2016, elaborado por la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría contra el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y su equipo, por sus actuaciones en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, fueron la razón por la cual Chávez Flores se vio obligado a presentar su renuncia el 12 de septiembre de 2016.

LA INVESTIGACIÓN DE LA VISITADURÍA GENERAL

Tras la llegada de Arely Gómez a la PGR en abril de 2015, la Visitaduría General de la PGR quedó a cargo del abogado Chávez Flores, de 41 años de edad, originario de Chihuahua y con una larga experiencia en órganos internos de control e investigaciones contra la corrupción. La Visitaduría es el área que se encarga de hacer las investigaciones internas sobre irregularidades cometidas en las averiguaciones previas y por parte de los servidores públicos, incluyendo ministerios públicos, peritos y policías federales ministeriales.

Dado el desgaste de la PGR por el caso Ayotzinapa, Gómez y Chávez Flores acordaron hacer una “evaluación técnico jurídica” de la averiguación previa del caso. Esa evaluación significaba revisar cada una de las actuaciones de la PGR para esclarecer los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, y determinar si desde el inicio de su intervención la Procuraduría había actuado conforme a derecho y apegada a los estándares internacionales de derechos humanos. Chávez Flores acordó con la procuradora que la auditoría contemplaría “los más altos estándares internacionales en materia de investigación de desaparición forzada”.

De este modo, el Visitador General de la PGR llevó a cabo una “evaluación técnico-jurídica” cuya documentación resulta fundamental para conocer los pormenores de una investigación que ha estado llena de irregularidades.

La auditoría general a la averiguación previa relacionada con la desaparición de los 43 normalistas ya estaba planeada y acordada entre la procuradora y Chávez Flores cuando el GIEI presentó su último informe el 24 de abril de 2016. Ese día los expertos de la CIDH denunciaron la alteración de la supuesta escena del crimen en el río San Juan y la posible siembra de restos humanos por parte de Zerón de Lucio. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos exigieron una investigación contra el funcionario y pusieron como condición conocer rápidamente sus resultados para continuar el diálogo con la PGR. Como defensa, el entonces titular de la AIC presentó un video donde se le observa con el detenido Agustín García Reyes en el río San Juan antes de iniciar las diligencias ministeriales; sin embargo, antes que salvarlo ese registro lo incriminaba y exponía al público las irregularidades en el supuesto hallazgo de las bolsas con restos de los normalistas.

Para mala suerte de Zerón y su equipo, Chávez Flores no es un hombre que se tome las cosas a la ligera. Durante su gestión había roto el récord de sanciones contra funcionarios de la PGR: a lo largo de un año y medio procesó penalmente a ciento setenta servidores públicos y destituyó administrativamente a más de doscientos.

Ante la escalada internacional del escándalo, el Visitador General le advirtió a Arely Gómez que el Estado mexicano estaba ante un caso que, de no zanjarlo sus propias instituciones, podría terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso en la Corte Penal Internacional: debía ser la propia PGR quien realizara la indagatoria con todo el rigor técnico, no había margen para la simulación. La procuradora aceptó que la investigación se hiciera a fondo a sabiendas de que se trataba de un tema sensible, pues Tomás Zerón era un hombre directamente designado y protegido por Enrique Peña Nieto; desde su llegada a la procuraduría había tratado de removerlo, pero la presidencia se negó rotundamente.

La Visitaduría aclaró que la investigación no podía limitarse al día 28 de octubre de 2014, cuando el titular de la AIC llevó personalmente a García Reyes al río; para que tuviera sustento legal también debían averiguar las condiciones en que este y los demás fueron detenidos en el caso del basurero de Cocula, y cómo se había llevado a cabo la diligencia donde supuestamente se encontraron los restos óseos del normalista Alexander Mora. Así se inició el expediente de investigación DGAI/510/CDMX/2016.

En las manos del íntegro Visitador General quedaron las dos indagatorias internas más importantes del sexenio: la auditoría general a la investigación hecha por la PGR sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa y la investigación contra el hombre del presidente, Tomás Zerón. Eran las pruebas de fuego para saber si la mala conducción y manipulación de la investigación criminal más sensible del sexenio de Peña Nieto habían sido fraguadas de manera unilateral por un grupo de funcionarios de la PGR, o si contaba con el respaldo del gobierno al más alto nivel. La investigación de la Dirección General de Asuntos Internos contra Zerón abarcó los hechos ocurridos desde el 25 de octubre hasta el 31 de octubre de 2014, y concluyó formalmente en agosto de 2016. Había sido el compromiso del Visitador General y de la procuradora con los padres de los normalistas desaparecidos. El 18 de agosto de 2016, cuando la procuradora se reunió con ellos, ya se contaba con el “Acuerdo de conclusión”, sólo faltaba la formalidad de que el Visitador lo dictaminara y firmara, lo cual tomaría unas horas. Arely Gómez le pidió a Chávez Flores que no lo hiciera, que esperara, ya que el incómodo dictamen debía pasar primero por el visto bueno del presidente.

Así, en el encuentro dijeron que ya estaba terminada la investigación, pero que aún no estaba dictaminada, lo cual provocó el enojo de los familiares y sus abogados, quienes rompieron el diálogo con el gobierno de Peña Nieto.

LA RENUNCIA DEL VISITADOR GENERAL.



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